:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/Q3VG54G6KNEJZOSSY3VF5YHII4.jpeg "Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia")
Bogotá — La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de más de $220 millones a la cadena de jugueterías colombiana Pepe Ganga por incumplir a sus clientes y por falta de claridad en precios, informó este martes la entidad.
Puntualmente, la compañía incumplió los tiempos de entrega a los consumidores, presentó fallas en la información pública de precios y vulneró el régimen de promociones y ofertas.
Al respecto, la SIC recordó que “es indispensable para los consumidores obtener de manera notoria, cierta y sin lugar a duda conocimiento sobre el valor del bien, a efectos de tomar una decisión de compra”.
Pepe Ganga nació como un almacén de textiles y comerciales y tiene más de 70 años de historia, aunque en sus comienzos era conocido con otro nombre.
Se estima que la cadena tiene más de 62 tiendas de Pepe Ganga, ubicadas en al menos 30 ciudades del país. En Bogotá tiene 25 almacenes, dos de los cuales son Outlet Pepe Ganga.
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La multa fue impuesta luego de “determinar que el investigado incurrió en fallas en la calidad del servicio postventa, al defraudar las expectativas de los consumidores con ocasión del incumplimiento de la entrega de los productos en las fechas informadas”.
A la vez, se comprobó “que no dio a conocer los precios de algunos de sus productos de manera notoria y certera”.
Además, la cadena no habría informado el número de unidades disponibles dentro de la publicidad emitida para las promociones “Aniversario todo el almacén 40 % dto” y “fin de semana de locura 30 % descuento en toda la tienda”. Esto pese a que las mismas fueron sometidas a la condición “hasta agotar inventario”.
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“Se encuentra en cabeza del productor y/o proveedor la obligación de informar a los consumidores el número de unidades disponibles para abastecer la oferta, Pepe Ganga no dio cumplimiento a su deber legal, aun cuando quedó demostrado dentro del procedimiento administrativo que tenía conocimiento sobre la forma adecuada de acatar la normativa”, recordó la Superintendencia.
Contra el acto administrativo sancionatorio proceden los recursos de reposición y apelación.
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