:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/IEBFTWYOIJCJFORNY6Z4OAQSI4.jpg "Jorge Castaño, superintendente financiero de Colombia")
Bogotà — La Superintendencia Financiera de Colombia - SFC - ordenó a la sociedad Real Business S.A.S y sus principales socios Andryun Raúl Ríos Góez y María Camila Morales Gaviria, la suspensión inmediata de las operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
También ordenó la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente y les impidió que cualquiera de los involucrados pueda realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
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La Superintendencia Financiera estableció que los sujetos de esta medida realizaron la promoción de un supuesto “fondo de inversión” bajo la promesa de reconocer “rentabilidades” fijas del 6% y 9% mensual en un plazo de 12 meses sin explicación financiera razonable, y sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios.
Es así como al corte del 31 de mayo del 2021, Andryun Raúl Ríos Góez y María Camila Morales Gaviria se encuentran obligados con por lo menos 3.236 inversionistas por una cifra de $9.877 millones.
Así mismo la sociedad Real Business S.A.S., de la cual Ríos y Morales son socios en partes iguales, y que es representada legalmente por Morales Gaviria, se encuentra obligada con por lo menos 1.507 inversionistas más en $2.025 millones.
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En consecuencia, además de asumir pasivos con más de 20 personas, se evidencia que Ríos Góez, Morales Gaviria y la sociedad Real Business S.A.S. captaron de forma masiva y no autorizada recursos de terceros en cuantía que supera ampliamente el 50% de su patrimonio líquido, mediante ofertas públicas a personas innominadas, sin que se contemple como contraprestación la entrega de un producto o un servicio, hechos que configuran los supuestos de captación masiva no autorizada de dineros del público.
Real Business fue constituida mediante documento privado de la Asamblea Constitutiva del 10 de mayo de 2021, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 13 del mismo mes y año en el libro IX con el número 89064. Tiene número de matrícula 214494 en la Cámara de Comercio de Manizales y su domicilio principal es en la Carrera 24 No. 62 – 53 Edificio Pranha – El cable.
Según consta en el citado certificado, el objeto social de la referida sociedad es el desarrollo de las siguientes actividades, entre otras: “la adquisición o suscripción a cualquier título de acciones, cuotas sociales o partes de interés social en sociedades de cualquier naturaleza o tipo legal, dedicadas a la explotación de cualquier actividad económica lícia (sic). - La sociedad podrá efectuar operaciones de comercialización de productos colombianos o del exterior, de manera física o digital y/o electrónica, así mismo la sociedad tendrá por objeto la compra, almacenamiento, producción, transformación y venta de cualquier material y/o producto representado de manera física o electrónica”.
Además, plantea que tiene como finalidad “celebrar el contrato de mutuo a interés o sin él, con garantía o sin ella; y en general, realizar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, las operaciones y celebrar y ejecutar los actos y contratos que sean convenientes o necesarios a los fines que persigue y que se relacionen con el objeto social”.
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La Dirección de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera en aras de atender la comunicación de un ciudadano y conocer de los hechos expuestos, revisó detalladamente el contenido del perfil público de la red social Instagram, hoy en día dado de baja por los socios de la empresa, en el cual se encontró que por medio de este se promueve un denominado “fondo de inversión”, en el que se invita a entregar sumas de dinero que van desde $1.000.000 hasta los $50.000.000, con el pago de una rentabilidad o tasa de interés que oscila entre el 6% y 8% mensual, pagaderos en 12 meses.
Igualmente, la investigación mostró que a través de perfiles públicos camilamoralesg21 en Instagram y Camila Morales en Telegram, se identificó una propuesta de negocio enfocada al recaudo de recursos en valores que fluctúan desde $100.000 hasta $100.000.000, bajo la promesa de pago de rentabilidades fijas mensuales entre el 3% y el 9%, en un periodo de 12 meses.
Para las inversiones superiores a $10.000.000, se suscribe un contrato denominado “contrato de mandato en administración de aportes económicos para actividad comercial”.
La vinculación al supuesto “fondo de inversión” se hacía a través de las redes sociales y se perfeccionaba cuando el interesado remite mediante aplicaciones de mensajería los correspondientes comprobantes del aporte de recursos y por esta misma vía se le confirma su participación.
Ante la modalidad de estafa la Superintendencia Financiera recordó además que la administración de Fondos de Inversión se constituye en Colombia como una actividad propia del mercado de valores, por lo que sólo podrá ser desarrollada por entidades constituidas en territorio nacional que deberán estar sujetas a la supervisión del Estado. Así, los Fondos de Inversión Colectiva únicamente pueden ser administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de inversión previo el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley para obtener su autorización de constitución y funcionamiento.
Adicional a esto y tratándose de fondos de inversión colectiva le corresponde a la superintendencia otorgar su autorización a partir de una solicitud de la sociedad vigilada; sólo entonces y no antes, es decir, hasta tanto se concedan los permisos respectivos, la sociedad vigilada podrá poner en operación el fondo de inversión colectiva autorizado. toda actividad que se desarrolle sin dicha autorización estatal no puede considerarse legal.
La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones propias de su competencia.
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