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Bogotá — Panamá, un país conservador marcado por la religión, se convertirá en la primera nación centroamericana en avalar el uso del cannabis con fines medicinales y terapéuticos, un mercado que junto al de usos industriales llegará a los US$62.000 millones en el 2024 en el mundo.
El Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, lo que abre las puertas al país tanto para la importación como para la exportación.
Además, es clave para un país con unas 50.000 personas con problemas de epilepsias, de las que el 30 % tienen epilepsia refractaria, según la especialista en medicina cannabinoide Sandra Carrillo, citada en un informe divulgado por la Asamblea.
“Solo en Latinoamérica, que cuenta con una población de más de 600 millones de habitantes, se espera que el consumo de cannabis legal ascienda a US$13 billones para 2028, siendo Colombia y México sus principales proveedores de materias primas”, dijo en una reciente entrevista Carol Ortega, directora ejecutiva de Muisca Capital Group.
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Según la Asamblea panameña, el “proyecto busca crear un marco regulatorio que permita el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados”, además, establece los “fines terapéuticos, médicos, veterinarios y de investigación en el territorio nacional”.
El proyecto, que tiene ahora que ser sancionado por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, fue presentado en octubre de 2019 y luego de avanzar en sus etapas fue aprobado con cero votos en contra.
La ley establece que todo producto derivado del cannabis para esos fines “será sometido a un sistema de vigilancia y control por parte de las autoridades”.
Además, “todas las fases del cultivo del cannabis se llevarán a cabo en áreas designadas, bloqueadas y de acceso limitado, monitoreadas por un sistema de cámaras de vigilancia”.
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Cuando se trate de semillas para cultivo y plantas de cannabis la autorización de exportación deberá tramitarse ante el Ministerio de Seguridad. Entre tanto, cuando sean derivados de cannabis y fabricación de productos que los contengan será ante el Ministerio de Salud.
“Para exportar derivados de cannabis y los productos que los contengan, la autorización consistirá de un certificado de exportación que el titular de la licencia de fabricación 12 de derivados de cannabis deberá obtener para cada despacho, conforme a lo establecido por la presente Ley y la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 del Ministerio de Salud”, establece.
¿Cómo funcionarán las licencias?
Panamá exigirá unas licencias tanto para el uso de semillas y cultivo de planta de cannabis, como para la investigación científica.
Los costos para el análisis y la evaluación de la petición consistirá en una tarifa inicial de US$10.000 por la solicitud. Y por la licencia otorgada se pagará una tasa de US$200.000.
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“Antes de emitir una licencia en virtud de este artículo, la autoridad de control competente verificará que el solicitante tiene al menos un monto de US$3 millones en capital, US$500.000 de los cuales deben estar en depósito en una institución financiera local”, destaca el documento.
Los titulares de las licencias tendrán prohibido realizar “promoción o publicidad, a través de los medios de comunicación o las redes sociales, o de volantes o de cualquier medio, de semillas para siembra, plantas de cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos que lo contengan”.
De hecho, “los medicamentos solo podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico, dirigidos a médicos, científicos e investigadores”.
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