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Bogotá — La Contraloría General de la República halló como responsables fiscales de los sobrecostos y retrasos del proyecto Hidroituango a 26 de los 28 investigados.
Cabe recordar que entre los 28 imputados el tres de diciembre del 2020 se encuentran: Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín; Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia; Federico Restrepo Posada, representante legal de EPM, miembro de la Junta de Hidroituango; Juan Esteban Calle Restrepo, representante legal de EPM; Jorge Alberto Julián Londoño De La Cuesta, representante legal de EPM; Alejandro Antonio Granda Zapata, miembro principal de la Junta directiva de Hidroituango (por parte de Idea); Fabio Alonso Salazar Jaramillo, en su calidad de alcalde de Medellín, para la época de los hechos; Álvaro Julián Villegas Moreno, miembro de Junta Directiva de Hidroituango; Hugo Alejandro Mora Tamayo, miembros de Junta Directiva de Hidroituango; Sergio Betancur Palacio, miembros Junta Directiva de Hidroituango y Álvaro De Jesús Vásquez Osorio, miembros Junta directiva de Hidroituango.
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“Nos permitimos informar que conocimos el fallo de responsabilidad fiscal, proferido por la Contraloría General de la República, en contra de 26 de los 28 investigados, que incluye a los integrantes del Consorcio CCC Ituango, así como los demás contratistas del proyecto. El monto de la sentencia es por 4.3 billones de pesos a cargo de los 26 imputados, saldo que no ha tenido en cuenta los pagos presentes y futuros de las compañías de seguros”, dijo Conconcreto este lunes.
La constructora, que hace parte del consorcio CCC Ituango, sostuvo que presentará, lo antes posible el recurso de reposición y de apelación.
“Estamos evaluando junto con nuestros asesores jurídicos las alternativas que nos otorga la ley para restablecer nuestro derecho, ya que en este caso evidenciamos una violación al debido proceso”, dijo la constructora.
Al momento e la imputación la Contraloría sostuvo que imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones de pesos contra 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.
Este valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por valor de $2, 9 billones.
Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, 2 gerentes de EPM, 2 gerentes de Hidroituango, 1 gerente de la filial EPM-Ituango, 2 exalcaldes de Medellín y 2 exgobernadores de Antioquia. El resto son contratistas.
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Al abrir el proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos, se vinculó entonces a 34 presuntos responsables, de los cuales, con la decisión tomada ahora, de forma jurídica y autónoma, por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, 28 fueron imputados y a los 6 restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño.
Al proferir esta decisión, la Contraloría consideró que los errores cometidos en el proyecto Hidroituango, trajeron tres graves consecuencias:
La primera consecuencia es que se incumplió el objetivo principal del proyecto, que era generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones).
La segunda es que se produjo un desmesurado aumento de los costos de Hidroituango. Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando cerca de $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019.
Y la tercera consecuencia es la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras.
La Contraloría evaluó el proyecto hidroeléctrico Ituango desde cuando comenzó a concebirse en 1962, a planearse en los años 70s, y a desarrollarse a finales de los años 90s, momento en que se iniciaron los trámites para la obtención de la licencia ambiental.
También hizo seguimiento a la etapa de impulso definitivo, tiempo en el que se buscaron los recursos financieros y se avanzó en la elaboración de los diseños y en la construcción de infraestructura. Fue en ese entonces, cuando se dio paso a las obras principales de la hidroeléctrica.
Miró igualmente la participación de Hidroituango en la subasta de energía en firme realizada a mediados de 2008, en la cual prevendió 2.972.603 KWh-día para el Periodo de Vigencia del primero de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2038, a un valor de 13.99 dólares por cada megavatio-hora.
Otros factores analizados fueron los ajustes accidentados que se dieron a los contratos entre 2010 y 2011, incluyendo la escogencia de EPM para desarrollar el proyecto; los atrasos siguientes que empezó a tener; las consecuencias del mal manejo del cauce del Río Cauca y la contingencia presentada en 2018.
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El equipo técnico de la CGR evaluó si se generaron de manera injustificada aumentos en las inversiones que afectaran el valor neto del proyecto o si por la demora en la entrada en operación se generó un lucro cesante que se tradujera en un daño de naturaleza fiscal.
De este proyecto, depende buena parte de la demanda energética del país, enfatizó el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
