:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/C25MPALXSVAOVBJD7GEE2HIYEQ.jpg "Photographer: Wolfgang von Brauchitsch/Bloomberg News")
Bogotá — Según la Agencia internacional de la energía, los esfuerzos realizados hasta ahora en la lucha contra el calentamiento global están resultando insuficientes.
Más allá de promesas a largo plazo, lo urgente es actuar de forma concreta, masiva y coordinada para limitar el aumento de las temperaturas a menos de 2 grados con respecto a la era preindustrial de aquí a finales de siglo. Una herramienta esencial y eficaz para lograrlo es la fijación de precios del carbono.
A ello hay que añadir las políticas públicas para lograr una transición justa e invertir. Alrededor de estas políticas, los analistas de Ostrum Asset Management, filial de Natixis Investment Managers, comparten un análisis de cómo se pueden desarrollar estas políticas.
Inversiones verdes
Se necesitan inversiones masivas para acelerar la transición energética y hacer posible la sustitución de una gran parte de los combustibles fósiles por energías limpias.
Esto implica una gran transformación de los medios de producción y de los sistemas energéticos, que están en el origen de ¾ de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para lograr la neutralidad de carbono en 2050, casi el 90% de la electricidad debe proceder de energías renovables, según la Agencia Internacional de la Energía, y se espera que las turbinas eólicas y los paneles solares representen casi el 70%.
En 2020, el porcentaje de energías renovables en la electricidad es sólo del 29%. Los carros eléctricos representarían el 86% del parque automovilístico en 2050, frente al 20% en 2030 y el 1% en 2020. La energía fósil pasaría de representar 4/5 del suministro total de energía en la actualidad a sólo 1/5 en 2050.
Fijación de un precio del carbono
La herramienta más fácil y rápida para animar a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y conseguir que desarrollen energías limpias es poner un precio al carbono.
La fijación de un precio al carbono permite encarecer los productos de alta intensidad de carbono frente a los de menor intensidad de carbono y aumentar así la eficiencia energética.
Los ingresos del impuesto sobre el carbono y de los sistemas de comercio de derechos de emisión pueden utilizarse para financiar parte de las inversiones verdes o para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares más afectados por la introducción de estas tarifas adicionales.
En 2020, los ingresos procedentes de la tarificación del carbono ascendieron a 53.000 millones de dólares, según el Banco Mundial.
Objetivos insuficientes
Es esencial que los países desarrollados ayuden a los países emergentes a realizar su transición energética.
Estos países en desarrollo son muy dependientes de la combustión de los combustibles fósiles y no disponen de medios suficientes para realizar su transición energética.
En este marco, los países desarrollados se comprometieron hace 10 años a proporcionar una ayuda a los países en desarrollo de 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020, que no se ha cumplido.
Esto está resultando ser un elemento crucial para alcanzar el pico de emisiones mundiales en 2030. Además, muy pocos países han consagrado estos objetivos en la legislación, lo que hace que no sean vinculantes
En conclusión, el más reciente informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, ha hecho una revelación alarmante sobre el calentamiento global en marcha y la urgencia de intervenir de forma rápida, masiva y coordinada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad climática en 2050, con el fin de respetar el Acuerdo de París.
Para lograrlo, hay que mejorar los distintos sistemas de comercio de emisiones y de impuestos sobre el carbono que existen en todo el mundo para animar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta fijación de precio del carbono debe ir acompañada de inversiones masivas en energía verde, en las que los gobiernos tienen un papel fundamental para atraer la financiación del sector privado y garantizar una transición justa.
