:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/JUQGE2UHDVCEXEX2AIE22BFDBM.jpg "Se espera que las primeras unidades de generación entren al sistema en el 2022.")
Bogotá — La Superintendencia de Sociedades mediante Auto No 2021-01-610458 del 11 de octubre de 2021, a través de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, admitió a la sociedad “Coninsa Ramón H S.A.”, al trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (NEAR), previsto en el Decreto Ley 560 de 2020.
Coninsa Ramón H es una icónica firma de construcción que hace parte del Consorcio CCC Ituango, el cual está a cargo de la megaobra de Hidroituango en Antioquia.
El consorcio CCC Ituango, está conformado por Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H.
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En el marco del trámite, la compañía deberá fijar un aviso sobre el término de duración de la negociación, comunicar a los acreedores el inicio de la negociación de emergencia y a todos los jueces y entidades que adelanten procesos ejecutivos, de restitución, de ejecución de garantías o de cobro coactivo, con el fin de que se suspendan durante el trámite y, deberá iniciar la negociación con sus acreedores y celebrar el acuerdo de reorganización en un término no mayor a tres meses para la confirmación por parte del Juez del Concurso.
El trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización es un mecanismo de salvamento y recuperación empresarial para aquellos deudores que se encuentran afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que permite conjurar la crisis y preservar la empresa y el empleo mediante la negociación con los acreedores y la confirmación de un acuerdo de reorganización.
Hay que tener presente que el pasado 6 de septiembre la Contraloría General de la República encontró que en el proyecto de Ituango hay 26 responsables fiscales que deberán responder por $4,3 billones.
Incluso ante la polémica que suscita la obra Empresas Públicas de Medellín ha manifestado que tiene una Plan B para continuar con las obras pendientes.
La Contraloría evaluó el proyecto hidroeléctrico desde que comenzó a concebirse en 1962, a planearse en los años 70 y a desarrollarse a finales de los 90, período en el que se iniciaron los trámites para la obtención de la licencia ambiental.
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También hizo seguimiento a la etapa de impulso definitivo, cuando se buscaron los recursos financieros y se avanzó en la elaboración de los diseños y en la construcción de infraestructura. Fue en ese entonces cuando se dio paso a las obras principales de la hidroeléctrica.
Según EPM, el plan de trabajo incluye, entre otra actividades, “la exploración de mercado para identificar posibles contratistas que, cumpliendo con los requisitos exigidos, estén en capacidad de continuar con la ejecución de las diferentes obras”.
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Esto “en caso de que tanto las medidas cautelares como los fallos que se pudieran desprender del proceso fiscal de la Contraloría impidieran la continuidad de uno o varios de los actuales contratistas o que manifestaran incapacidades operativas para continuar con la ejecución de los respectivos contratos”, agregó en su momento.
