Impuesto del 4x1.000 dejaría de existir en Colombia desde el 2026

Bogotá — El 4x1.000 un impuesto que nació en 1998 como el 2x1.000, bajo el Gobierno de Andrés Pastrana Arango, y que se pensaba sería temporal podría dejar de existir a partir del 2026 en Colombia.

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la eliminación del Gravamen a los Movimientos Financieros. La eliminación sería gradual y su desaparición definitiva sería en el 2026.

Katherine Miranda, autora del proyecto de Ley explicó que “vamos a sopesar el ingreso que deja de recibir la Nación por este impuesto por impuestos a los salarios más altos, esto es superiores a los $25 millones. También se eliminarán los beneficios tributarios de las megainversiones que van a ascender a los $9 billones”.

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De acuerdo con el documento aprobado se busca derogar progresivamente el gravamen a los movimientos financieros, un punto porcentual por año, comenzando desde el 2023 al 2025. Es decir, en el 2023 sería 3x1.000, un año después bajaría al 2x1.000 y finalmente en 2025 sería de 1x1.000 para desaparecer en el 2026.

Así mismo, de acuerdo con la norma aprobada se propone crear un impuesto a los salarios altos cuyo hecho generador será desde ingresos equivalentes a los 25 millones de pesos.

Hay que recordar que este impuesto nació como una forma de contrarrestar el Estado de Emergencia Económica y Social que surgió en 1998; y que desestabilizó el sector financiero y corporativo en el país.

En su génesis, la continuación sería del 2 por 1-000. No obstante, gradualmente aumentó; primero, con el 3 por 1000 a través del artículo 872 de La ley 633 de 2000 y luego, con la Ley 863 de 2003, pasa al 4 por 1000.

Con la Ley 1111 de 2006 este impuesto, que nació transitorio, se convierte en un gravamen permanente.

La argumentación debatida en Cámara de Representantes sugiere que “se realizó esta implementación sin argumento fáctico o jurídico que permitiera sustentarlo, modificando un impuesto que nació como una contribución y a la cual le dieron una connotación de obligación, es decir, una carga tributaria más para los colombianos”.

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Igualmente, la exposición de motivos del proyecto argumenta que, considerando la crisis económica y financiera que sufren los hogares colombianos, se hace necesario el desmonte del mismo, como una forma de resarcir los aportes realizados por parte de los sujetos pasivos del impuesto; y así, permitir que haya una solución tangible a la crisis derivada de la pandemia que ha afecto a millones de colombianos.

Añade que con ello no se desconoce el impacto fiscal del desmonte del 4 por mil en el 2021, toda vez que se con él se recaudan unos 8 billones de pesos al año en los últimos tres años.

Durante la última década, entre el 2011 y el 2020, el recaudo tributario por concepto del GMF ha mostrado una tendencia creciente hasta alcanzar los $8,7 billones en 2019, para luego caer hasta los $8,1 billones en 2020 como consecuencia de la pandemia.

Como porcentaje del PIB, el recaudo por GMF durante el 2020 bordeó el 0,81%, cifra similar a la del promedio de la última década (0,82%).

Otra de las alternativas que planea el proyecto para suplir los ingresos que dejará de recibir la nación es:

Sobretasa al impuesto de Renta del Sector Financiero

Durante el año gravable 2019, el sector financiero y de seguros pagó por concepto de impuesto de renta cerca de $4,6 billones (0,43% del PIB). Dentro del sector, se encuentra que los bancos comerciales pagaron por el impuesto cerca de $2,1 billones (0,19% del PIB).

Existe el potencial para que, en un acto solidario, el sector financiero pueda tributar de forma temporal, un punto adicional sobre su tarifa de renta vigente durante los años del desmonte del 4 por mil y mitigue el impacto durante la transición hacia un sistema tributario sin gravámenes a los movimientos financieros.

Reducción del tamaño de Estado

Se propone crear una comisión de expertos que presente al Gobierno diferentes mecanismos para reducir el tamaño del Estado, para maximizar el uso de los recursos públicos. De este ejercicio, el Gobierno Nacional presentará una reforma al Estado al Congreso de la República, en el que se evidencia una reducción del gasto público de personal, reorganizando las entidades del orden nacional y mejorando su capacidad para ejecutar su objeto social.

Derogando los beneficios tributarios a las megainversiones

Durante el 2019, la DIAN reportó los datos del agregado de las declaraciones de renta de las empresas. En esta relación es posible determinar que las últimas reformas tributarias podrían estar pasando esta carga a las personas naturales.

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De acuerdo con estos datos, las empresas pagaron 40,8 billones en impuestos de renta en el año gravable de 2019. Sin dichos beneficios, las empresas habrían tenido que pagar 63,4 billones. La diferencia, unos $22,6 billones, es la suma de recursos dejados de cobrar y que quedaron en manos de las empresas, $22,6 billones de pesos equivalen a la tercera parte de lo que las empresas han debido pagar y que bien podrían ser similares al objetivo recaudatorio de tres reformas tributarias.

Proponemos derogar los beneficios otorgados a las megainversiones aprobados en el 2019, que hoy le cuestan al país entre 6 y 9 de billones de pesos. Siendo esta derogación la fuente principal de financiación que permitiría desmontar con mayor certeza el 4 por mil y racionalizar los tributos en el sistema tributario.