:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/G4H7KVNNGVCSXIMI7SDFWKNKBY.jpeg "Presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca")
Bogotá — Colombia debe avanzar en educación y empleo de calidad, así como promover la competencia en los mercados, asegurar la conectividad de internet, energía y transporte y velar por ser más eficiente desde el Estado para ser más transparente, informó este martes el Consejo Privado de Competitividad.
Esa entidad divulgó los resultados del Informe Nacional de Competitividad 2021-2022 en el que indica que a pesar de la reactivación económica “otros aspectos se han recuperado más lentamente, agudizando y visibilizando los grandes retos sociales y económicos del país”.
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“Con respecto a los niveles prepandemia, hoy hay 475.000 desempleados más y la población inactiva, aquella que no está buscando un empleo, aumentó en un millón de personas”, indica en el reporte.
A esto suma que “a septiembre de 2021 el número de empresas registradas cayó en alrededor de 300.000, el 18 % del total en diciembre de 2019, y a junio de 2021 la cantidad de procesos de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades era 65 % mayor que en junio de 2019″.
“Así, los efectos de la crisis por la pandemia del Covid-19 amenazan con afectar de forma permanente la cohesión social y el potencial de crecimiento del país. Esto disminuye la capacidad como sociedad para mejorar las condiciones de vida de todos los que habitan en Colombia, sobre todo de los más vulnerables”, añade.
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Foco en la educación
A propósito, en su informe el Consejo Privado de Competitividad aboga por mejorar la calidad y pertinencia de la educación, por lo que es prioritario “acelerar el regreso a la presencialidad educativa, universalizar la educación preescolar, e iniciar el proceso de remediar las pérdidas de aprendizaje por el cierre de centros educativos”.
Asimismo, recomienda promover “el aprendizaje pertinente para un trabajo digno y ajustar las normas laborales y de seguridad social para lograr ofrecer empleos formales a la población desempleada y con empleo vulnerable en el país”.
“Esto incluye actualizar la legislación laboral; crear un seguro de desempleo; permitir las contribuciones a la seguridad social por horas; mejorar el mecanismo para la fijación de salario mínimo y reducir costos laborales no salariales; cerrar brechas de cobertura y calidad en protección social y; diseñar e implementar la Política Nacional del Cuidado”.
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Generar eficiencia en los mercados
En el informe también se dan algunas recomendaciones para generar eficiencia en los mercados, entre las cuales destaca “mejorar la regulación para promover la competencia y poner al consumidor en el centro”, así como “fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo, sobre todo a través de la internacionalización” o “incentivar una transición progresiva hacia la neutralidad en carbono sin poner en riesgo la seguridad energética del país”.
Mejorar en conectividad
El Consejo Privado de Competitividad también ve prioritario que el país pueda “llevar conectividad de calidad a todos los colombianos”, especialmente extender los servicios digitales en las poblaciones rurales, a la vez que debe “asegurar energía confiable y eficiente” por medio de la diversificación de la matriz de generación.
Además, recomienda “consolidar un transporte competitivo desde y hacia todo el territorio”, por lo cual pide “acelerar la implementación de infraestructuras logísticas especializadas (ILE); actualizar el Plan Maestro de Transporte Intermodal y permitir que los fletes se generen en condiciones de competencia”.
Un Estado más eficiente
Por último, indica que se requiere “un Estado eficiente, confiable y al que todos le puedan exigir”, algo que se puede lograr si se recauda “más y mejor”, se logra “un gasto público redistributivo y sostenible” o se acelera la transformación digital del Estado para generar mayor transparencia.
También invita a “mejorar la provisión de cargos públicos; agilizar la implementación total y obligatoria del Secop II para compras públicas; consolidar un sistema unificado de reporte y acceso a la información pública de la rama judicial; acelerar la implementación del expediente electrónico; realizar una reforma política que modifique el sistema de financiamiento de las campañas electorales y; mejorar y socializar las mediciones y evidencias reales de la corrupción para construir una percepción mejor informada”.
